El pasado de un lugar preservado por todas las naciones como legado para las generaciones futuras.
Si bien desde tiempos remotos se intuía la existencia de una tierra alrededor del Polo Sur, recién a partir del año 1603 comenzaron las expediciones para conocer y explorar el nuevo continente situado más allá de los 60º latitud Sur. Esta Terra Incógnita despertaba el interés político y comercial de diferentes naciones, que subsidiaron ambiciosos proyectos para plantar su bandera en la Antártida. Muchos temerarios lograron grandes proezas, como el capitán James Cook que, en 1773, cruzó el Círculo Polar y fue el primero en circunnavegar el continente antártico. Dos años después, Cook desembarcó en las Georgias y Sandwich del Sur, navegando las rutas que ya eran utilizadas por los buques cazadores de focas. Pero es a finales del siglo XIX y principios del XX que, junto con la carrera por la conquista del Polo Sur, se empieza a desarrollar la caza y explotación de ballenas en la Antártida. Además del de las focas, es el aceite obtenido de estos increíbles cetáceos el que impulsó los motores de las fábricas y de la creciente economía industrial.
Los buques balleneros establecían en las islas del sur factorías para el tratamiento inicial de la grasa y todos los productos que se aprovechaban de la caza de focas y ballenas. Es en este contexto donde empiezan a surgir los reclamos de soberanía sobre el nuevo territorio.
El acuerdo
La caza de ballenas en la Antártida se convirtió en una verdadera depredación, hasta la creación de la Comisión Ballenera Internacional en 1946, que comenzó a regular el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, teniendo en cuenta lo ocurrido con la industria ballenera y previendo la explotación de los recursos naturales antárticos, distintas naciones empezaron a reclamar su soberanía sobre el territorio.
Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido prolongaron sus meridianos fronterizos hasta el Polo Sur y otras naciones, como Noruega, Francia o Rusia, que lograron con éxito llegar a la Antártida, también reclamaron su parte. El área más codiciada era la Península y el Archipiélago de las Shetland del Sur, donde se asentaron la mayoría de las bases permanentes.
Después de la Segunda Guerra Mundial se abrieron numerosas estaciones científicas que realizaron observaciones internacionales, impulsadas por la celebración del Año Geofísico Internacional, en 1957. Bajo este marco, la Antártida es declarada área especial de investigación, y se establecieron 50 estaciones geofísicas que funcionaron a través de la cooperación internacional. Este hecho llevó a que en 1959 se firmara el Tratado Antártico, en el cual Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la desaparecida Unión Soviética se comprometían a una convivencia pacífica. Por la ciencia y la paz
En este acuerdo, que entró en vigencia en 1961, quedó establecido que todo el territorio ubicado al sur de los 60º de latitud Sur, incluyendo las barreras de hielo y mares existentes, sería utilizado exclusivamente para fines pacíficos, con lo que se prohibía cualquier tipo de actividad militar, excepto la participación de equipos militares en investigaciones científicas o de apoyo logístico. 
También quedó expresada en el documento la prohibición de toda actividad nuclear y de eliminación de residuos radioactivos. Por otro lado, se pactó compartir la información sobre los proyectos y programas científicos realizados en la Antártida, además del intercambio de personal científico. Con respecto a los reclamos territoriales, el Tratado paralizó las demandas, aceptando las pendientes y declarando no admisibles las exigencias futuras que pudieran surgir.
La firma del Tratado Antártico sirvió de fundamento para otros acuerdos internacionales que facilitaron la actividad científica y la preservación del medio ambiente natural. Entre ellos, la convención de Bruselas, que en 1964 estableció la protección de la flora y la fauna antártica, declarando especies y zonas protegidas. A este tratado le siguieron los de Londres (1972) y Camberra (1980) hasta el protocolo de Madrid, firmado en 1991.
Este último acuerdo, que entró en vigor en 1998, reforzó los principios del Tratado Antártico, garantizando la protección de la Antártida como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. 
